Cuando la ausencia del Estado se vuelve algo imperdonable

El domingo primero de Mayo a la noche, una casilla ubicada en el Barrio Ameghino ardió en llamas causando la muerte de una nena de tres años de edad, y quemaduras en sus hermanos de cinco y siete. Las fuerzas de seguridad y el poder judicial detuvieron a la madre de los chicos, quien no estaba en la casilla cuando sucedió el incendio. El hecho tuvo un fuerte impacto en la opinión pública por el enorme dolor que genera la muerte de una nena de tan corta edad, y por las variables que coincidieron para que tamaña cuestión sucediera.

Por el trabajo comunitario y educativo que desde hace años sostenemos e impulsamos en ese barrio, azotado por la pobreza estructural, nos ha tocado conocer de cerca la situación en su complejidad. Desde ese lugar nos permitimos plantear algunas reflexiones sobre el caso para intentar construir una interpretación del mismo, y para expresar sensaciones y sentimientos que nos surgen a partir de la magnitud de lo acontecido.

Entendemos que fueron varias las causas que produjeron esta situación tan trágica; de índole económica, familiar, social y barrial. Vamos a plantear dos, que consideramos sobresalientes.

En primer lugar entendemos que si una mujer, por múltiples razones, se encuentra fuertemente condicionada para cumplir con la responsabilidad del cuidado de menores a su cargo, ¿qué herramientas, qué canales habilita el Estado para garantizar el bienestar de sus hijos? En este caso, ninguno, a pesar de que existen espacios estatales con esta función y se recurrió a ellos en reiteradas ocasiones, evidenciándose de esta manera su ausencia como garante de derechos, y la escasez de políticas públicas en materia de niñez que este gobierno implementa.

Pero el Estado no se encuentra ausente sólo en cuanto a políticas de niñez, sino también de vivienda. Si esta familia, y los vecinos que pueblan esa zona del barrio, vivieran en casas de material, con estándares mínimos de dignidad habitacional, tal vez la situación familiar no hubiera variado demasiado (y no somos nosotros/as quienes vamos a establecer la vara de la “normalidad” en las siempre complicadas balanzas que se establecen al interior de cada núcleo familiar) pero de seguro la situación no habría tenido este final; nadie estaría llorando la partida anticipada de una nena con toda la vida por delante.
Si, además,  las diferentes instancias del gobierno no tuvieran como objetivo favorecer la medicina y la educación privadas vaciando, desatendiendo y desalentando la labor en los centros de atención primaria y las escuelas públicas, tal vez las relaciones familiares no se hubieran recompuesto plenamente, pero seguramente todos los integrantes de esa familia tendrían más tiempo para procesar sus vínculos, apuntalados por quienes tienen responsabilidad en garantizar la vida del pueblo.

El Estado debe estar presente en el seno de la sociedad, debe apuntalar e intervenir allí donde el esfuerzo personal y familiar no alcanza para garantizar el desarrollo íntegro de vidas humanas. En primer lugar garantizando derechos, en segundo lugar acompañando, asesorando y aconsejando a los adultos mayores.
De una vez por todas los gobiernos debieran entender que esa es su principal función ante el pueblo.

Al mismo tiempo, nos interesa dejar planteados algunos interrogantes, que empalman y se sobre imprimen con lo que venimos diciendo, ¿Cuánto incide, en la opinión pública, en el proceder policial y en el manejo de los medios que la acusada sea mujer y pobre? ¿Qué estereotipos y prejuicios aparecen en el sentido común en relación a su condición de mujer-madre? ¿Cuánto pesarán estos prejuicios en el proceso Judicial? No es patrimonio genético de las mujeres la capacidad de criar positivamente a los hijos, aún en condiciones en extremo dificultosas. No existe un gen todo poderoso en las mujeres que garantice vencer múltiples obstáculos cotidianos. Al menos no más que en cualquier ser humano, sea del género que sea, de la clase social que sea, de la región geográfica que sea.

Entendemos necesario llamar la atención sobre este punto, y problematizar los prejuicios y estereotipos que pesan sobre las mujeres en estos casos. Errores, negligencias y desalientos suceden más seguido de lo que nos imaginamos en una sociedad tan compleja y difícil; el tema es que en contextos de vida injustamente precarios estas cuestiones tienen consecuencias absolutamente trágicas.

Sin dudas el poder judicial tendrá una ardua tarea al momento de balancear responsabilidades, atenuantes, condicionamientos y negligencias. Esperamos construyan un veredicto al menos cercano a lo justo, no condicionado por el origen social de los involucrados, ni por la condición de género de la detenida. Nos comprometemos a seguir de cerca el curso judicial, ya que las inercias al interior de ese cuerpo no son alentadoras en cuanto a cómo se juzgan casos similares.

Más allá de estas consideraciones y compromisos, nos queda la rabia de saber que lo ocurrido aquel domingo era absolutamente evitable, que las condiciones en las que se desarrollan miles de vidas es de más precaria no por falta de recursos, si no por decisiones políticas de quienes nos gobiernan. En Argentina, mientras el precio de la soja sigue subiendo, el 30% de la población menor de 17 años es pobre, y el 8,4% vive en pobreza "extrema", según un reciente informe de UNICEF.

Nos queda la rabia y la angustia  de saber que errores, negligencias y conflictos cuestan vidas cuando el acceso pleno a derechos básicos está lejos de ser el posible en pleno Siglo XXI.

Nos queda la rabia, la angustia y la impotencia de saber que estos casos van a seguir pasando, y pasando, y pasando, si no logramos transformar la sociedad en favor del buen vivir de las mayorías.
 
Movimiento Popular Patria Grande
 
Bachillerato Popular Carlos Fuentealba

Fecha: 

Viernes, 13 Mayo, 2016 - 23:45
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